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60 MIL MILLONES DE SOLES PARA LAS GRANDES EMPRESAS: EXIGIMOS FINANCIAMIENTO PARA LAS MYPES Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES.

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La población ve con decepción que el Gobierno del Presidente Vizcarra, actúa con una política y tratamiento desigual en materia de asistencia social a una parte de la población (Bono de S/ 760 soles) y el subsidio que brinda a los grupos de poder económico (créditos hasta S/ 60 mil millones de soles con una tasa de interés del 1.25%), con los recursos de todos los peruanos como son las Reservas Internacionales Netas-RIN, en circunstancias que afrontamos la pandemia del Covid19.

La cruda realidad ha desnudado la precaria y deficitaria infraestructura de nuestro sistema de salud, al igual que la educación largamente olvidados por los diferentes gobiernos de turno en la últimas décadas, que nos revela un país que no puede afrontar el cuidado de la salud y garantizar la vida de nuestra población y de los profesionales y personal que cuidan la salud, pues carecen de la protección sanitaria, como son los Equipos de Protección de Personal y los equipos como los Ventiladores, oxigeno, medicamentos, etc., de manera adecuada para atender a los pacientes contagiados.

El gobierno ha cedido ante la presión de los grupos empresariales representado por la CONFIEP, para el reinicio de las actividades laborales en circunstancias que los centros de trabajo, no cuentan con los elementos de protección para cuidar y preservar la vida de sus trabajadores; privilegia la economía empresarial, pero no la vida de los trabajadores y cuándo estableció normas para que las empresas adopten sistemas de protección para sus trabajadores, los empresarios denunciaron que eran muy exigentes y que estas disposiciones estaban para ser aplicadas para un país de Europa. Durante años vendieron la idea de un país en proceso de modernización y que ya podíamos aspirar a formar parte de los países de la OCDE (Países Desarrollados), pero en materia de protección laboral seguimos bajo los estándares de un país del tercer mundo, donde no se respetan la normas de seguridad y salud en el empleo, como afirma la Presidenta Merkel de Alemania, en América Latina los empresarios no quieren pagar o aportar nada.

Así mismo, los empresarios presionaron y el gobierno cedió, para que apliquen su capricho de imponer la suspensión perfecta de labores, aduciendo que las empresas se encuentran próximas a la quiebra o cierre empresarial, destacamos que solamente han transcurrido cerca de dos meses en parálisis y las empresas ya se declaran en estado de colapso económico, a pesar que el gobierno salió en su auxilio subsidiando el costo de la planilla transfiriendo el 35 % de las remuneraciones.

El actual gobierno no protege el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los trabajadores, obligando a los trabajadores ante la dura situación económica hacer uso o disposición de su CTS y el retiro hasta el 25% de sus aportes a las AFPs; es decir, crédito directo para las empresas, pero los trabajadores tenemos que afrontar la crisis con nuestros propios ahorros.

Para atender el retiro de los fondos de las AFPs por parte de los trabajadores, el gobierno nuevamente lanza un salvataje financiero a estas empresas, que utilizan el aporte individual de los trabajadores para financiar sus actividades empresariales, pues no se conoce con suma claridad donde han sido invertidos estos fondos, sabemos que financian con los aportes de los trabajadores sus actividades productivas de las empresas de su grupo empresarial, mediante créditos o prestamos directos; es decir, los trabajadores venimos financiando por más de 20 años sus operaciones empresariales.

El gobierno ante el rechazo de los trabajadores a las AFPs, propone la revisión integral del sistema de pensiones, incluyendo como fondo de pensiones el subsidio que el Estado viene otorgando a los ciudadanos de pobreza extrema con es Pensión 65, que no es un fondo contributivo sino que estos recursos se provisionan en el Presupuesto General de la República; por lo que, denunciamos que no se debe confundir a la opinión pública, con un sistema previsional como son los fondos de pensiones (ONP Y AFPs).

Nuestras Reservas Internacionales Netas o RIN asciende aproximadamente a 70 mil millones de dólares, el actual gobierno con la anuencia del BCR viene utilizando estos fondos para otorgar préstamos a los grandes grupos empresariales, recursos que deberían ser orientados para atender la grave situación del Covid19, a efectos de cuidar la vida y la salud de la población y preservar el poco empleo formal, que goza casi un tercio de la Población Económica Activa-PEA, adicionalmente tienen previsto aplicar un plan de salvataje para las AFPs, que van a tener préstamos directos para atender el pago del retiro del 25% de los aportes a sus afiliados; es decir, los recursos económicos de las RIN de todos los peruanos, se va a destinar al financiamiento de las operaciones de los grupos de poder.

Los fondos de las RIN, es la suma de la carencia y postergación de las obras en construcción e infraestructura (escuelas púbicas, hospitales, carreteras, puentes, agua y desagüé, electrificación rural, etc.), educación de calidad con sueldos justos para los maestros profesores, escuelas equipadas con tecnología educativa, hospitales con equipamiento adecuado y profesionales y auxiliares con sueldos dignos, seguridad ciudadana y justicia oportuna y confiable; es decir, los peruanos hemos sido estafados por estos gobiernos corruptos, que junto a empresas mafiosas organizadas en el Club de la Construcción y otras organizaciones delictivas, han lucrado y corrompido a la administración pública.

La reapertura o reactivación de la economía debe promover la implementación de una economía verde y menos dependiente del exterior, siendo necesario iniciar e incentivar un fuerte proceso de industrialización en nuestro país, sobre la base del procesamiento de nuestras materias primas, otorgando incentivos y beneficios para la instalación de negocios con tecnología amigable al medio ambiente. Este proceso de industrialización debe conducirnos a superar la excesiva dependencia de productos que se pueden fabricar en nuestro medio, como son las mascarillas sanitarias y los equipos de ventilación para los hospitales, que son fabricados con tecnología básica. La puesta en marcha de una vigorosa industria nacional permitiría generar empleo, conjuntamente con la industrialización del país se debe incentivar la diversificación productiva sostenible, en todas y cada una de las regiones de acuerdo a la disponibilidad de sus materias primas.

Demandamos y exigimos que el gobierno autorice al MEF, para que otorgue una línea de crédito de S/ 50,000´ cincuenta mil millones de soles para las MYPIMES y para los trabajadores independientes, fondo que sería administrado por el Banco de la Nación, dinero que se otorga como capital de trabajo para que reinicien sus actividades productivas, comerciales y servicios, que ofrecen este grupo de unidades empresariales y actividades individuales, que según el Registro del MTPE ocupa o brindan empleo a cerca del 70% de la población económica activa-PEA, que suman cerca de 10 millones de trabajadores entre formales e informales, que sería una gran oportunidad para formalizarlos e incorporarlos al sistema formal de la economía; es decir, necesitamos un Estado promotor e impulsor del desarrollo y supere su rol de recaudador de impuestos, que solamente sirve a los grandes grupos de poder y no la población con menores oportunidades, ampliando la brecha social de pobreza y pobreza extrema.

Exigimos y demandamos que el gobierno reactive la actividad productiva de las Mipymes y de los trabajadores independientes o autoempleados, que por política y principio de igualdad, conforme vienen otorgando a las grandes empresas atienda la aprobación de una línea de crédito con cargo a los recursos de las RIN, un fondo destinado a capital de trabajo a una tasa del 1% anual. Las condiciones para acceder a este préstamo lo diseña el Banco de la Nación, que en garantía puede funcionar con un aval solidario, cuyo monto se establecería de acuerdo a su última declaración Jurada de Renta Anual presentada a la SUNAT.
Lima, 12 de abril de 2020.

 

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